La invención de la nación española (y II)

27/02/2018

El siguiente intento de uniformizar definitivamente los distintos reinos y territorios de la monarquía va a ser la Guerra de Sucesión (1701-1714), esta vez, con éxito. La muerte sin hijos del último Habsburgo, Carlos II, que dejó en herencia sus reinos al nieto de Luis XIV de Francia, Felipe V, va a provocar una guerra europea por la no aceptación de diversas potencias europeas de la llegada de un Borbón al trono español, para evitar una unión con Francia. Vamos a asistir entonces a una guerra civil dentro de la propia Monarquía Hispánica, pues la Corona de Castilla, centralista, va a apoyar al Borbón Felipe V, mientras que la Corona de Aragón lo va a hacer al pretendiente al trono de los Habsburgo, Carlos, para evitar perder su sistema de gobierno autónomo. La victoria del primero en 1714 supondrá la instauración de la nueva monarquía Borbónica, y con ella una traslación del modelo centralista y absolutista francés al territorio español, de muy graves consecuencias para el futuro.

Este hecho es fundamental, pues hay que tener en cuenta que el desarrollo histórico de la monarquía francesa y de la española, su proceso formativo, es de índole opuesta. En el caso francés hablamos, desde la temprana Edad Media, de un solo rey y una serie de territorios y principados feudales, vasallos teóricos del mismo, que el monarca va sometiendo, hasta dar lugar en el Renacimiento a una monarquía fuertemente centralizada que da paso al modelo absolutista en el siglo XVII. Un solo rey para un solo reino, en suma.

En el caso español, tenemos una fragmentación peninsular producida por la invasión musulmana y desaparición del reino visigodo, que va a dar lugar a la formación de varios reinos cristianos con muchos monarcas, reinos que finalmente van a ir cayendo en manos de un mismo y único soberano. Pero nunca dejan de ser reinos, ni pierden su idioma, cultura e instituciones propias, como vimos en el caso de los Habsburgo. La nueva dinastía de los Borbones destruye este desarrollo plural de los distintos pueblos hispánicos para implantar, mediante los Decretos de Nueva Planta, el centralismo absolutista francés, reduciendo toda España a las leyes de la Corona de Castilla y a unas Cortes únicas (que prácticamente ya no se iban a convocar), perdiendo Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca sus fueros propios y cortando su desarrollo político futuro. Este será el origen remoto de los problemas territoriales que todavía vivimos hoy.

El tratado de Utrech (1713) hizo que el nuevo rey de España, Felipe V de Borbón, perdiera sus territorios europeos (Flandes, Borgoña, Milán, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, que pasaron a Austria), coincidiendo desde entonces el territorio de la Monarquía Hispánica con el actual territorio del Estado español, que será dividido en provincias de tipo fiscal. Sí se mantuvo el enorme Imperio colonial americano. Así, es en este momento cuando hay por primera vez una coincidencia de España con un concepto político, con una única administración centralizada. Podemos hablar entonces del surgimiento un Estado español, pero no de una nación española. Felipe V y sus sucesores Borbones absolutistas mantuvieron todavía como formalismo la intitulación como reyes de “Castilla, León, Aragón”, etc., teniendo que esperar al liberalismo del siglo XIX para hablar de “reyes de España” como tal título.

Durante la crisis del Antiguo Régimen y la construcción del estado liberal vamos a asistir a un nuevo proceso de centralización política. En los años de la invasión napoleónica (1808-1814) se llevarán a cabo por un grupo de ilustrados las Juntas provinciales de resistencia al invasor, que darán lugar a una Junta Central que llevará a la apertura de las Cortes de Cádiz en 1810, elegidas mediante sufragio universal masculino por primera vez en la historia de España. Nuevamente, tenemos que el centralismo y el uniformismo francés es el sistema elegido para levantar el nuevo sistema del naciente estado liberal español.

Es entonces cuando aparece la idea de crear una nación española, tanto cultural como políticamente. Deslumbrados por las ideas de la revolución en Francia (territorio de desarrollo histórico-político tan distinto al nuestro, como ya he dicho), se tomó como modelo la nación única e indivisible (un concepto primero jacobino y luego napoleónico, pero con raíces en el anterior absolutismo real) como paradigma universal de nación, sin tener en cuenta otros procesos formativos nacionales federales, como el llevado a cabo en los Estados Unidos de América o en Suiza, más acordes a la tradición federal hispánica.

Tras la muerte de Fernando VII en 1833 y el final definitivo del absolutismo y del Antiguo Régimen, encarnado en la nueva monarquía liberal de Isabel II, se profundizará esta línea uniformizadora con la creación de las 49 provincias existentes hoy en día en el Estado español. Basadas en el modelo administrativo de los departamentos franceses, cada una de las provincias será dirigida mediante régimen común (excepto provincias vascas y Navarra que conservaron sus fueros) por una diputación provincial y un gobernador civil nombrado por el gobierno central de Madrid. Es entonces cuando nacen también la 15 regiones históricas (incluida la leonesa), sin competencias administrativas, sino simplemente como delimitación territorial regional de ámbito cultural, “sobre el papel”.

Se buscó con todo esto la uniformización nacional, copia de la Francia una e indivisible, con una sola ley, una sola bandera (la rojigualda, establecida como bandera oficial del recién creado Reino de España en 1843), un solo idioma (el castellano), un solo gobierno (el de Madrid) y único tipo de administración provincial. En definitiva, se sigue un proceso de centralización política liberal en el que las nacionalidades derivadas de los antiguos reinos históricos irán perdiendo carta de existencia política e identidad territorial, cultural e histórica, sobre todo los de la España interior, como es el caso del País Leonés, momento en el que empieza la confusión histórica con Castilla. Ello explica, por ejemplo, como Zamora y Salamanca, territorios nítidamente leoneses a lo largo de toda su historia, van perdiendo ese carácter nacional leonés y ven favorecidas sus dimensiones provinciales artificiales.

A medida que va surgiendo en España el proceso de industrialización en los territorios de la periferia (principalmente Catalunya y Euskadi), se observa como éstos van ganando peso económico mientras los territorios del interior lo van perdiendo. Esta tendencia, surgida en la gran crisis política, económica y social del siglo XVII, se refuerza durante el XVIII y más aún con la industrialización del XIX. Y todo ello va a contrastar notablemente con el centralismo que se impone desde Madrid contra estos territorios más pujantes económicamente, lo cual muy pronto va a derivar en un descontento de estas naciones por su sometimiento al Estado central, dando origen a sus movimientos nacionalistas.

Así, llegamos hasta el primer default político de un régimen liberal en la historia de España con la caída de la reina Isabel II y su régimen tras la “Gloriosa” revolución de septiembre de 1868, dando comienzo al denominado Sexenio Democrático o Revolucionario (1869-1874).

Tras el breve paso del gobierno provisional de Serrano y del reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873), será proclamada la I República española, creándose por primera vez un proyecto de Constitución Federal de la República en 1873. Esta sería la primera vez que se plantease de verdad la cuestión de la plurinacionalidad de España, sin tener aún muy claro cuáles eran las distintas naciones que componían España, tras muchos años de centralismo y de pérdida de identidades. Se planteó crear 17 estados federados, uno de ellos de Castilla la Vieja, en el que el País Leones fue incluido, pese a las protestas por parte de la Diputación provincial de León. El mismo expresidente de la república, Pi i Margall, en su libro “Las Nacionalidades” (1877), reconoció a España como un territorio compuesto de varias naciones, entre las cuales figuraba la leonesa.

No obstante, el proyecto Federal fue detenido por la revolución cantonal en el verano de 1873, y las propias Cortes de la república disueltas por el Golpe de Estado dado en las Cortes por el general Pavía en 1874, dando paso a la Restauración Borbónica, encarnada en Alfonso XII, hijo de la depuesta reina Isabel II. Se mantendría entonces el sistema centralista liberal, con la provincia nuevamente como única unidad territorial, y España como una única nación. Estos intentos se asentaban sobre unas bases endebles resultando interesante la anécdota por clarificadora de como los juristas encargados de escribir la Constitución de 1876 se encontraron con grandes dificultades a la hora de formular el capítulo primero: “Son españoles…”. En efecto, no sabían qué poner en lugar de los puntos suspensivos. Una y otra vez se encallaban a la hora de definir qué es eso de “ser español” y, en consecuencia, quiénes eran españoles y cuántos entrarían a la hora del recuento. Ahí, el entonces presidente del Gobierno, Cánovas, exclamó cáusticamente: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”.

Es precisamente durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885) y la regencia de la reina María Cristina (1885-1902) cuando van a ir surgiendo con fuerza tanto el nacionalismo vasco como el catalán, al calor de su desarrollismo económico industrial. Ellos son los primeros que van a poder en cuestión el Estado centralista español y la ausencia de autonomía. Esto va a cristalizar sobre todo durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931), momento en el que el sistema de la Restauración va a entrar en una grave crisis política (demanda de un sistema democrático), económica (mal reparto de la riqueza) y social (movimiento obrero en ebullición y con demandas políticas claras en material laboral y de derechos democráticos). En este periodo se desarrollará la actividad intelectual del llamado grupo de la Generación del 98, que va a insistir en su visión de España como exaltación de lo únicamente castellano.

Tras la caída de la monarquía de Alfonso XIII en las elecciones municipales del 14 de abril de 1931, la llegada de la II república es recibida con muchas esperanzas por las clases populares y las más cultas del país, también en el ámbito territorial, pues se esperaba un reconocimiento a la pluralidad del Estado, sobre todo en cuanto a Catalunya y Euskadi.

Sin embargo, el debate entre centralistas y federalistas, pendiente por todos los grupos demócratas y republicanos desde el siglo XIX, fue zanjado por una solución de compromiso en la nueva Constitución republicana de 1931: la creación del denominado “Estado integral”, que no era otra cosa que una vía intermedia: la nueva España republicana sería un Estado centralizado y no federal, pero se reconocería la autonomía de las diversas nacionalidades y regiones que lo solicitaran.

El nuevo régimen republicano reconoció a todas las nacionalidades y regiones históricas, (incluida la leonesa), colocando un representante de cada una de ellas en el Tribunal de Garantías Constitucionales. En septiembre de 1932, tras muchos debates entre autonomistas y centralistas, entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y se avanzó en la creación de nuevos estatutos en Euskadi o Galicia.

Sin embargo, el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 volvió a cortar de raíz todo el proceso descentralizador. La victoria en la Guerra Civil del general Franco y el establecimiento de su represiva dictadura acabaron con todo intento de pluralismo político y cultural: se volvió a las provincias del liberalismo como única administración política centralizada, y fueron prohibidas todas las manifestaciones culturales y lingüísticas en el Estado que no fuesen la castellana. Con dicha represión total a todo signo de pluralidad se mantuvo la situación hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975, dando comienzo entonces a lo que se ha llamado “Transición española a la democracia” (1975-1986), encarnada en la nueva monarquía parlamentaria, en una suerte de “Nueva Restauración” borbónica, consagrada en la actual Constitución de 1978.

La resistencia de las distintas naciones que componían el Estado durante la dictadura llevó a que en la Transición se tuviera que volver a una solución de compromiso con un nuevo “Estado integral”: Estado centralizado, pero que vuelve a conceder autonomía a los territorios, todo ello en función de los intereses del Estado central, como muy bien vemos en el caso leonés.
Con respecto a la cuestión nacional, que es lo que nos interesa ahora, es obvia la contradicción a la que se llega en la Constitución de 1978. En su artículo 2, por un lado, consagran la España uninacional, mencionando expresamente que la Constitución “se fundamenta en la unidad indivisible de la Nación española”, (nótese que habla de “unidad indivisible”, que no “voluntaria”) para caer luego en una contradicción cuando en el mismo artículo afirma “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. La incoherencia es obvia: ¿existe una nación española y al mismo tiempo unas nacionalidades que la integran? De ahí se llega a la tan debatida cuestión de España como “nación de naciones”, porque no caben muchas más interpretaciones a la incoherencia de dicho texto. Cabría preguntarse entonces cuál es la diferencia entre nación y nacionalidad. Sin embargo, la respuesta es evidente: ambas se tratan de una misma cosa, como muchos estudiosos de la propia Constitución, incluidos algunos ponentes, han tenido que acabar reconociendo. Esto nos llevaría a un reconocimiento implícito de la plurinacionalidad del Estado español, que choca frontalmente con la única nación española que identifican inmediatamente antes.

Sin embargo, la clave de todo esto tiene que ver con una inaudita intervención de las Fuerzas Armadas en la redacción del susodicho artículo 2, que según parece, no iba a hacer referencia a una única nación española, obviando dicha cuestión por la disparidad de opiniones de los ponentes constitucionales. Esta intervención militar en el texto consagró, por un lado, la unidad indivisible de la nación, y por otro, creó una peligrosa trampilla golpista, haciendo referencia expresa en su artículo 8 a las Fuerzas Armadas (cuyo Capitán General es un rey no elegido por los españoles como jefe de Estado en referéndum democrático, por cierto) como garantes de dicha unidad territorial. Todo esto fue reconocido por uno de los constituyentes, Jordi Sole Tura en su libro “Nacionalidades y nacionalismos en España” (1985), dando cuenta de su redacción original y de las tensiones y desencuentros que suscitó desde un principio la incorporación a la misma de la voz “nacionalidades” que muchos diputados de AP y de UCD combatieron con firmeza a través de sus enmiendas, y que finalmente aceptaron para no romper un mínimo consenso constitucional con la izquierda y los grupos catalán y vasco. Pero en cambio, no aceptarían la no inclusión del concepto de nación española indivisible, en una nota que fue enviada ya redactada desde Moncloa, y que configuraba, básicamente, el artículo 2 que figura en la Constitución.

En palabras del diputado del PNV Josu Erkoreka: “Admitir que el artículo en el que se define la base sobre la que se fundamenta la Constitución fue impuesto a los representantes de la voluntad popular por unos “sectores consultados” de naturaleza extraparlamentaria, es algo que cuestiona muy seriamente la legitimidad de la norma fundamental.” (…) “el artículo 2º de la Constitución (el que articula la cuestión nacional en el Estado español) tiene una génesis antidemocrática. Fue concebido por poderes fácticos extraparlamentarios (nadie pone en duda de que eran militares) e impuesto a los representantes legítimos de la voluntad popular, vaya usted a saber bajo qué tipo de amenazas.”

Por otra parte, el famoso artículo 155, que hemos visto aplicado ahora en Catalunya, ni siquiera cita expresamente los cauces a seguir para intervenir una autonomía. Curiosamente, las medidas concretas que se han aplicado este año (intervención total de la Generalitat y de la economía) ni siquiera figuran en el texto. De hecho, son exactamente las mismas que Fraga y Alianza Popular (partido heredero del franquismo) quisieron que figurasen físicamente en el artículo, y que no fueron aceptadas. Sin embargo, vemos ahora como se aplican incluso sin figurar expresamente en el mismo, lo cual nos lleva a la tendencia actual: un modelo político de cierre de las distintas reivindicaciones territoriales de las diversas naciones que componen el Estado español (primero la catalana, de forma ejemplar, y después las que puedan sumarse).

Para finalizar, un último apunte: la nación española es un constructo creado durante los siglos XIX y XX por los poderes fácticos eligiendo las partes del relato histórico que más les convenían. Sin embargo, este relato es hegemónico. Y es más, se justifica con un importante resalto del llamado “presentismo”, es decir, si el Estado-nación español es así actualmente, hay que organizar un relato que haga alargar este modelo en la medida de lo posible hacia el pasado. Este ejemplo lo vemos muy bien en la defensa tan enconada que los actuales próceres del nacionalismo español hacen del régimen del 78. Es decir, el ser español, para el nacionalismo español actual, ha de ir necesariamente acompañado de todas las características de dicho régimen, y solamente hay una forma de ser español: defender la bandera rojigualda borbónica como la única posible, defender la monarquía como única forma de Estado, defender una interpretación inflexible y cerrada de la Constitución (sobre todo en cuanto al tema territorial), defender que en España hay una única nación, y defender la unidad de la misma como un dogma sagrado e inmutable. A eso se ha visto reducido el nacionalismo español en la actualidad.

Asimismo, dicho nacionalismo español se construye, además, en oposición a los llamados “nacionalismos periféricos” (catalán, vasco, gallego, y cualesquiera que vayan surgiendo), estableciendo la falsa premisa de que solamente estos son nacionalistas, mientras el nacionalismo español, hegemónico y con todo un Estado detrás, no es nacionalismo, cuando precisamente por esos motivos es el más fuerte y agresivo. Así, vistas las expectativas actuales, no queda opción sino posicionarse en defensa de las naciones del Estado resistentes contra el poder central. Es también el futuro de los leoneses (de su identidad, su historia, su lengua y su cultura) el que está en riesgo, como hemos visto en 35 años de pertenencia al ente autonómico “Castilla y León”, una trasposición de los elementos integrantes del nacionalismo español centralista, que ha conseguido borrar todo rastro de la identidad leonesa, además de sumirla en una muy grave decadencia económica, política y social. De nosotros depende el cambio que pueda acontecer en el futuro para revertir esta situación.

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